El Centro Histórico de la Ciudad de México, escenario cotidiano de peatones, comerciantes y turistas, fue también el telón de fondo de una escena que no pasó desapercibida. Durante la plenaria de la bancada de Morena en la antigua casona de Xicoténcatl, varios vehículos vinculados a senadoras y senadores fueron estacionados sobre la calle de Donceles, una zona donde el reglamento de tránsito prohíbe expresamente esta práctica.

La situación abrió una conversación inevitable sobre el uso del espacio público en uno de los corredores patrimoniales más vigilados de la capital. Mientras elementos de Tránsito realizaban su recorrido habitual y solicitaban el retiro de los automóviles, personal de resguardo mostró un oficio firmado por Oscar Palomera Cano, secretario general de Servicios Administrativos del Senado.

En el documento, dirigido al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, se solicitaba que los vehículos no fueran sancionados ni se les colocaran inmovilizadores. Además, el escrito incluía una petición adicional: disponer de seis motociclistas para escoltar a los legisladores en su traslado desde Xicoténcatl hasta el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede del nuevo periodo ordinario de sesiones.

La escena, breve pero elocuente, se resolvió minutos después, cuando los choferes retiraron los vehículos de la calle. Sin embargo, el episodio dejó en el aire una pregunta recurrente en la vida pública de la ciudad: cómo se concilia el discurso de austeridad y respeto al espacio común con prácticas que, en otros contextos, serían sancionadas de inmediato.

En un Centro Histórico que busca preservar su vocación peatonal, su valor patrimonial y su convivencia cotidiana, este tipo de episodios suelen generar reacciones más allá del momento. Donceles, calle cargada de historia política y cultural, volvió a ser testigo de las tensiones entre el poder institucional y las reglas que rigen la vida urbana.